La relación de larga duración de confidencialidad entre prestador/a de servicios y paciente se está deteriorando silenciosamente, ya que un número alarmante de personal médico en toda Latinoamérica está denunciando a las mujeres y niñas a la policía por tener abortos. Muchos países ahora exigen, protegen o fomentan que las y los profesionales médicos no cumplan con su deber de confidencialidad cuando atienden a las mujeres que buscan atención postaborto. Esta publicación aborda las tres principales maneras en que profesionales de la salud se ven obligados a no cumplir con su deber de confidencialidad, basándose en las diversas leyes latinoamericanas que rigen las obligaciones del personal de salud en cuestiones de aborto. Además, explica a fondo el impacto de dichas leyes en profesionales de la salud y en las mujeres, y menciona los numerosos órganos internacionales, declaraciones, documentos de consenso, etcétera, que establecen normas para proteger la confidencialidad de las pacientes. Por último, la publicación ofrece recomendaciones para organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos y profesionales de la salud, con el fin de proteger el derecho de las mujeres a la confidencialidad, así como la obligación ética de cada prestador/a de servicios de salud de respetar ese derecho.