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El 17 de enero, una abrumadora mayoría del parlamento nacional sudafricano aprobó la Ley de Enmienda de Libre Elección respecto a la Interrupción del Embarazo (CTOP, por sus siglas en inglés), después de una serie de vistas públicas llevadas a cabo por ambas cámaras del Parlamento. 266 parlamentarios votaron a favor del proyecto de ley, 52 votaron en contra y 12 se abstuvieron.
“Este acto verdaderamente solidifica la política liberal de Sudáfrica en cuanto al acceso de las mujeres al aborto y posiblemente ayude a poner freno a esfuerzos adicionales por parte de la oposición”, dice la Presidenta y Directora Ejecutiva de Ipas, Elizabeth Maguire. “Esperamos que la nueva ley se traduzca en un acceso mucho mejor a la atención segura del aborto para las mujeres desatendidas en toda la extensión del país.”
La ley de enmienda sobre el aborto, la cual fue aprobada originalmente en el año 2004, tiene como objetivo aligerar el proceso de designación de establecimientos certificados para efectuar procedimientos de aborto, ampliar el grupo de prestadores de servicios de aborto y tomar medidas drásticas contra los proveedores ilegales. La enmienda se basa en la ley original, la Ley de 1996 de Libre Elección respecto a la Interrupción del Embarazo, la cual propició importantes cambios positivos. Desde su aplicación, la tasa de muertes atribuibles al aborto inseguro ha disminuido un 91 por ciento y la tasa de lesiones relacionadas con esos procedimientos se ha reducido en un 50 por ciento. La Ley de Enmienda mejoró la ley original al proporcionar mayor acceso a los servicios de aborto, especialmente a las mujeres pobres, jóvenes y rurales.
“Es evidente que la ley de aborto en Sudáfrica ha logrado promover y defender la salud y los derechos de las mujeres”, afirma la Directora de Ipas Sudáfrica , Mosotho Gabriel. "Concuerda con el Objetivo 5 de Desarrollo del Milenio, cuya finalidad es disminuir la tasa de mortalidad materna en un 75% para el año 2015.”
A pesar del éxito de la ley, la enmienda fue cuestionada en el Tribunal Constitucional de Sudáfrica por el capítulo sudafricano del grupo internacional antiaborto de Médicos por la Vida (DFL, por sus siglas en inglés). En 2006, el Tribunal Constitucional falló a favor del DFL, declarando que el proceso de consulta que condujo a la aprobación de la ley fue inconstitucional. Aunque se confirmó que el proceso fue inconstitucional, el contenido de la ley permaneció en pie; al parlamento se le concedieron 18 meses para celebrar vistas públicas a fin de permitir que el pueblo sudafricano comentara al respecto.
Aunque el reto de la corte estaba dirigido a la Ley de Enmienda, la voz de la oposición estaba dirigida a las disposiciones de la ley original. Según Gabriel, las últimas vistas públicas revelaron soportar una opinión en contra de la libre elección más de una década después de que el país adoptara su ley liberal de aborto. En el proceso de consulta pública se expresó poca o ninguna oposición a las disposiciones de la enmienda en sí.
“Los imperativos constitucionales que respaldan la ley de Libre Elección respecto a la Interrupción del Embarazo son el derecho a la igualdad, libertad y seguridad de la persona; el acceso a la atención de la salud e información; el derecho a la libertad de religión y creencias; y la libertad de expresión,” afirma Gabriel. “A medida que superamos años de denegación de la libre elección y de los derechos humanos, tenemos la obligación moral de proteger, hacer respetar y promover el ejercicio de todos los derechos humanos por toda la población sudafricana.”
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