Derechos humanos, leyes y políticas

Ipas trabaja con formuladores de políticas, gobiernos y defensores de los derechos humanos a nivel mundial para aplicar leyes y políticas que apoyen el derecho de cada mujer a controlar su propia sexualidad, fertilidad, salud y bienestar. Mientras las mujeres continúen muriendo o sufriendo lesiones a causa de abortos inseguros, Ipas abogará por leyes, políticas y tratados locales, nacionales e internacionales que apoyen la capacidad de cada mujer para tomar decisiones seguras respecto a su salud reproductiva.

Derechos humanos

Los derechos a la salud, la privacidad y a una vida libre de discriminación han sido reconocidos internacionalmente durante décadas como derechos humanos fundamentales. Parte de estos derechos es el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluido el derecho a obtener servicios de aborto seguro y legal.

Ipas cree que la falta de acceso de las mujeres a servicios de aborto seguro y legal es tanto un problema de salud pública como un asunto de derechos humanos. La capacidad de una mujer para tomar sus propias decisiones respecto a la atención a su salud y obtener servicios de salud reproductiva está inextricablemente asociada con su capacidad para determinar su propio futuro, cuidar a su familia y participar en su comunidad.

El personal de Ipas está dedicado a educar y movilizar a formuladores de políticas, profesionales de la salud, organizaciones no gubernamentales y entidades comunitarias aliadas mundialmente, con respecto a la importancia de evitar el aborto inseguro como un asunto de salud pública y derechos humanos.

Tratados internacionales

Desde 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos de derechos humanos han tratado cada vez más el asunto de qué deben hacer los gobiernos para asegurar que las mujeres y niñas no sufran violaciones de sus derechos con relación a asuntos como violación, embarazos no deseados y abortos inseguros.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por ejemplo, reconoce el derecho a obtener servicios de salud y planificación familiar. El Protocolo de Maputo (oficialmente conocido como el Protocolo de la Unión Africana a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos con relación a los Derechos de las Mujeres en África) ha confirmado que el acceso a los servicios de aborto seguro es necesario para proteger los derechos de las mujeres. El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo llamó la atención al aborto inseguro como un grave problema de salud y los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen como finalidad disminuir las tasas de mortalidad materna y lograr acceso universal a los servicios de salud reproductiva para el año 2015.

En los últimos años, los comités de monitoreo de tratados han recomendado sistemáticamente eliminar las penalidades impuestas a las mujeres que tienen abortos y modificar las leyes de aborto de manera que los abortos inseguros e ilegales dejen de ser una causa de mortalidad y morbilidad maternas.

A pesar de estos compromisos internacionales por proteger la salud y los derechos reproductivos, falta mucho por asegurar la capacidad de las mujeres para determinar su futuro y ejercer sus derechos fundamentales. Mientras tanto, Ipas continuará apoyando los esfuerzos mundiales por mejorar y aplicar leyes que regulen el acceso de las mujeres a servicios de aborto seguro.

Políticas de EE. UU. y del extranjero

Poco después que la Suprema Corte de EE. UU. legalizó el aborto en 1973, el Congreso de EE. UU. promulgó dos políticas que continúan obstaculizando los esfuerzos por mejorar la salud y la vida de las mujeres del mundo.

La Enmienda de Helms a la Ley de EE. UU. de Ayuda Financiera al Extranjero prohíbe el uso de fondos de EE. UU. para realizar abortos como un método de planificación familiar o para motivar u obligar a una persona a realizar abortos. Incluso en países donde el aborto es permitido por la ley, en las unidades de salud financiadas por EE. UU. está prohibido ofrecer información y consejería sobre el aborto. Las organizaciones e instituciones de salud que reciben fondos de EE. UU. se ven obligadas a cruzarse de brazos mientras que las mujeres tienen abortos inseguros y mueren, a pesar de que las tecnologías para evitar esas muertes son conocidas y se pueden adquirir a precios asequibles.

La Enmienda de Hyde, aprobada por el Congreso en 1976, es el equivalente nacional de la política de Helms. Prohíbe que Medicaid, el programa de salud que ofrece el gobierno de EE. UU. a las personas pobres, pague por servicios de aborto. Las únicas excepciones son en casos de violación, incesto y cuando la vida de la mujer corre peligro. Se extiende incluso a soldadas estadounidenses que quedan embarazadas durante su servicio al ejército en el extranjero, lo cual las obliga a buscar servicios de aborto en clínicas particulares fuera de su base y a pagar por el procedimiento de su propio bolsillo.

Ipas estima que estas políticas violan las libertades civiles y derechos humanos fundamentales de las mujeres y está trabajando para reformar éstas y otras leyes y políticas restrictivas que perjudican a las mujeres.