La decisión de Trump sobre la Ley Mordaza es un durogolpe para las mujeres a nivel mundial

lunes, 23 de enero de 2017

Cada año más de 22 millones de mujeres, casi todas en países en desarrollo, tienen un aborto inseguro por carecer de acceso a servicios de alta calidad de aborto seguro. En los países en desarrollo hay 225 millones de mujeres que desean evitar el embarazo pero carecen de acceso a métodos anticonceptivos modernos. Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la segunda causa de mortalidad entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad, y las mujeres en el sur global corren el mayor riesgo de sufrir lesiones o morir a causa del aborto inseguro.

A pesar de estas cifras desgarradoras, el presidente Donald Trump ha decidido reinstaurar la Ley Mordaza, una política perjudicial de EE. UU. que obliga a profesionales de la salud a elegir entre recibir ayuda financiera de EE. UU. y brindar atención integral, a menudo esencial para salvar vidas. La política impide que las organizaciones que reciben fondos de EE. UU. para la planificación familiar utilicen fondos privados para informar o educar a su gobierno acerca del aborto seguro o para proporcionar servicios de interrupción legal del embarazo. Los gobiernos a nivel mundial han logrado progreso para asegurar que toda mujer pueda ejercer su derecho al aborto, progreso que será ralentizado por la Ley Mordaza.

“La mayoría de las personas estadounidenses quedarían espantadas al enterarse del efecto de la Ley Mordaza. Solicitamos que el nuevo gobierno no convierta este tema en un juego político a expensas de las mujeres a nivel mundial. A decir verdad, si la mayoría de las personas entendieran el impacto de esta política, no la respaldarían. ¿Realmente queremos negarles acceso a las mujeres a los servicios de salud reproductiva, en particular a aquéllas que podrían ser víctimas de violencia sexual?” dice John Hetherington, Presidente y Director Ejecutivo de Ipas.

La falta de acceso a métodos anticonceptivos y servicios de aborto seguro es una grave crisis de salud pública para las mujeres en los países más pobres del mundo. Pero en vez de abordar esta crisis, la Ley Mordaza amplía las restricciones ya impuestas por la Enmienda Helms, la cual prohíbe el uso de fondos de EE. UU. para llevar a cabo trabajo relacionado con el aborto en el extranjero.

“La Ley Mordaza pone los derechos y la vida de las mujeres a voluntad de los políticos estadounidenses y produce consecuencias con las cuales la mayoría de las personas en Estados Unidos no estarían de acuerdo. En algunos países donde trabajamos, esta política congelaría importantes esfuerzos de organizaciones no gubernamentales para proporcionar servicios necesarios y realizar actividades de promoción y defensa o ejercer su derecho a la libertad de expresión con relación al aborto seguro. Este gobierno dice que no será la política de siempre, pero la Ley Mordaza es precisamente eso”, agrega Hetherington.