Marcando 10 años de prohibición total del aborto en Nicaragua, Ipas publica un estudio sobre la epidemia resultante de ‘niñas madres’

lunes, 31 de octubre de 2016

El 26 de octubre, Ipas Centroamérica y sus socios en la región marcaron 10 años desde que el gobierno de Nicaragua promulgó la prohibición total del aborto, lo cual puso en peligro la vida de mujeres y niñas y obligó a aquéllas con embarazos no deseados a llevarlos a término en contra de su voluntad o a buscar abortos clandestinos y a menudo inseguros.

En la capital de Nicaragua, Managua, Ipas presentó el estudio titulado “Embarazo impuesto por violación: niñas-madres menores de 14 años" y una publicacion complementaria de testimonios de 15 niñas nicaragüenses. Contaron con una audiencia diversa: organizaciones que trabajan con la niñez a nivel nacional; instituciones del Estado, que por primera vez en 10 años se acercan a estos eventos; y organizaciones del movimiento amplio de mujeres.

El estudio evidencia que cada año aproximadamente 6750 niñas entre las edades de 10 y 14 son víctimas de violencia sexual y 1300 quedan embarazadas, según la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2011/12. Pero el informe de Ipas afirma que en realidad el número de niñas que quedan embarazadas por violación es mucho mayor, ya que la misma encuesta encontró que el 70% de las niñas menores de 15 años de edad que sufren una violación nunca buscan ayuda ni denuncian el crimen.

La campaña incluye una carta, lanzada junto con el estudio, que tiene como objetivo recolectar miles de cartas firmadas dirigidas al Presidente de Nicaragua, en las que se solicita al gobierno que tome medidas inmediatas para luchar contra la violencia sexual, garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y legalizar el aborto en casos de violación.

“Para evitar más sufrimiento a las niñas con embarazos impuestos por violación, es urgente que la ley permita la opción de interrumpirlo, para salvaguardar su salud física y emocional, a la par de otras medidas para su reinserción social como niñas”, escribe Marta María Blandón, Directora de Ipas Centroamérica, en la introducción del estudio. Destaca que las encuestas nacionales muestran que más del 60% del pueblo nicaragüense apoya legalizar el aborto y hacerlo disponible para proteger la vida o salud de la mujer, y en casos de violación y malformación fetal.

Llamados a la derogación

La realidad que enfrentan las niñas nicaragüenses es muy diferente a la de la mayoría de sus pares en América Latina. El estudio señala a Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, México, Uruguay y otros países en la región que permiten el aborto en casos de violación. Desde que aprobó la prohibición total del aborto en el año 2006, el gobierno de Nicaragua ha recibido presión internacional para derogar la ley; promotores nicaragüenses y líderes en salud y derechos de las mujeres han solicitado en repetidas ocasiones que la Corte Suprema de Justicia revise la constitucionalidad de la ley. 

Ipas Centroamérica lleva 10 años trabajando con socios para construir un movimiento a favor de derogar la prohibición (este video explica todo el progreso logrado). Como destaca el nuevo estudio, la prohibición del aborto no es el único problema: fallas sistémicas en los sectores salud y legislativo también crean una cultura de impunidad para los perpetradores de violencia sexual y falta de atención suficiente y justicia para las víctimas, todo lo cual continúa negando a las mujeres y niñas sus derechos humanos. “El Estado tiene un rol fundamental para atender este problema, desde la prevención, la protección y la atención, procurando los más altos estándares de cumplimiento de normas, leyes y políticas existentes”, escribe Blandón. 

En el año 2015, líderes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron una amonestación severa al gobierno nicaragüense por su continua violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; además, amonestaron a Nicaragua por negarse a reconocer las alegaciones de inconstitucionalidad presentadas contra la prohibición desde 2007. Amnistía Internacional publicó un informe en 2009 que examina el impacto desastroso de la prohibición en la salud y vida de las mujeres, e insta al gobierno a garantizar aborto seguro y legal en casos en que la vida de la mujer o niña corre riesgo y en casos de violación o incesto.

Una grave situación para las niñas

El estudio de Ipas, llevado a cabo en alianza con el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, ofrece un entendimiento integral del grave problema de Nicaragua con el embarazo temprano forzado, que incluye entrevistas a profundidad con 15 “niñas madres” quienes fueron víctimas de violación, así como entrevistas con personas en su red de apoyo: parientes cercanos y el personal de organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales. Además, el estudio revisa las estadísticas oficiales de Nicaragua relacionadas con la violencia sexual del Ministerio de Salud y la Policía Nacional, así como datos de una encuesta nacional de demografía y salud y otra encuesta de opinión nacional referente al aborto.

El panorama que se perfila es grave para las niñas de 10 a 14 años, quienes tienen mayor dificultad evitando el embarazo producto de violación debido a su falta de conocimientos sobre la salud, estigma, un clima de impunidad para violadores que silencia a las víctimas y la imposibilidad de acceder a anticoncepción de emergencia o aborto clandestino. Efectivamente, las 15 niñas entrevistadas en el estudio explicaron que sus principales razones para guardar silencio después de haber sido violadas eran: miedo a que el perpetrador cumpliría sus amenazas de matarla a ella o a sus seres queridos, miedo a que su familia no le creyera o la castigara con más violencia y miedo a ser ridiculizada por su comunidad, sufrimiento que presenciaron en otras jóvenes víctimas de violación. Enfrentar las bases culturales que causan que las comunidades se hagan la vista gorda con los perpetradores a la vez que revictimizan a las niñas y mujeres es, por lo tanto, una de las recomendaciones fundamentales del estudio.

Asimismo, el estudio destaca la falta total de opciones que tienen las víctimas de violación embarazadas: no solo es imposible el aborto, sino que el gobierno no ofrece ninguna información sobre el proceso de adopción para las niñas que no desean criar el hijo de su violador. La falta de orientación sobre cómo registrar niños nacidos de niñas (que aún carecen de un documento de identidad emitido por el gobierno) significa que las familias no tienen la posibilidad legal de registrar a un hijo nacido bajo esta situación. 

Ipas lleva muchos años trabajando en Nicaragua para combatir la violencia sexual por medio de estrategias innovadoras, por ejemplo brindando apoyo a las maternidades de Nicaragua que ofrecen atención especial para mujeres jóvenes embarazadas que son víctimas de violación, y por medio de su alianza con una organización dirigida por jóvenes que capacita a maestros y estudiantes de escuelas públicas sobre cómo identificar y evitar el abuso sexual.