Ipas y organizaciones aliadas hacen hincapié en los daños que causan las leyes que penalizan el aborto en Latinoamérica

miércoles, 6 de abril de 2016

El Diálogo Interamericano, comité de expertos líderes en políticas de EE. UU. y exteriores, reunió esta semana a Ipas y organizaciones aliadas para crear mayor conciencia de una preocupación persistente relacionada con los derechos humanos: en toda la región de América Latina, las leyes que penalizan el aborto están violando los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Según nuevas investigaciones, las leyes de la región cada vez más exigen o fomentan que profesionales de la salud denuncien a la policía a mujeres sospechadas de haber tenido un aborto.

“Latinoamérica continúa teniendo las leyes más restrictivas del mundo referentes al aborto, que violan los derechos humanos de las mujeres y profesionales de la salud que son arrestados, enjuiciados y encarcelados por supuestos crímenes relacionados con el aborto”, dice Bia Galli, Asesora Senior de Ipas en Políticas, quien habló en el evento de Diálogo. Se unieron a Galli representantes de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, y el instituto de Georgetown University O’Neill Institute for National and Global Health Law.

Cinco países en Latinoamérica —Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras y la República Dominicana—prohíben el aborto bajo toda circunstancia, incluso para salvar la vida de la mujer. En los países donde las leyes son menos restrictivas, las mujeres aún enfrentan considerables obstáculos jurídicos para obtener servicios de aborto seguro.

“Las leyes que penalizan el aborto en la región tienen un impacto devastador en la salud de las mujeres latinoamericanas y causan violaciones de sus derechos humanos, en particular su derecho a salud física, mental y social”, dice Oscar Cabrera, Director Ejecutivo de O’Neill Institute, quien también habló en el evento.

Las mujeres que buscan servicios de salud que podrían salvarles la vida se arriesgan a ser arrestadas

Un nuevo informe de Ipas, “Delatando a las mujeres: el deber de cada prestador/a de servicios de denunciar”, revela una alarmante tendencia del personal médico a no cumplir con su deber de confidencialidad de la paciente y denunciar a la policía a las mujeres y niñas que buscan servicios de salud urgentes por complicaciones derivadas de un aborto inseguro o autoinducido. Esto a su vez crea temor y obliga a las mujeres a elegir entre buscar atención médica (que podría llevar a encarcelamiento) o evitar buscar atención y arriesgarse a sufrir una lesión permanente o incluso la muerte.

“Al convertir los hospitales y clínicas en puntos de entrada al sistema jurídico, estas leyes crean un ambiente hostil para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y causan violaciones de los derechos humanos fundamentales de las mujeres a la vida, a la salud, a la privacidad de la paciente y a estar libres de tortura”, explica Galli.

En algunos países, la ley dispone que las y los profesionales de la salud denuncien a la policía a toda paciente sospechada de tener un aborto; en otros países, la ley exige que el personal de salud divulgue información confidencial durante investigaciones penales o procesos judiciales. Y en muchos casos en toda la región, las y los profesionales de la salud creen erróneamente que el aborto es ilegal y denuncian a las mujeres por temor de ser castigados si no lo hacen.

“Exigir que las y los profesionales de la salud denuncien sospechas de abortos ilegales lleva al incumplimiento del deber del prestador de servicios de proteger la confidencialidad médico-paciente y debilita la confianza en el sistema de salud”, dice Cabrera. El nuevo informe se basa en investigaciones compiladas por el O’Neill Institute en colaboración con Ipas.

El informe hace un llamado a organismos internacionales, gobiernos y profesionales de la salud a que reverse course y creen sistemas de salud centrados en las pacientes, que protejan la confidencialidad de cada paciente e impongan el cumplimiento de una ética médica normalizada con relación a la privacidad de las pacientes.

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Delatando a las mujeres: el deber de cada prestador/a de servicios de denunciar

Protegiendo el acceso de las mujeres a servicios de aborto seguro: una guía para entender los derechos humanos a la privacidad y confidencialidad