El código penal de Ruanda pone a las mujeres y niñas en riesgo de tener abortos inseguros y ser encarceladas

jueves, 24 de septiembre de 2015

Cada año cientos de mujeres y niñas ruandesas son acosadas, arrestadas, procesadas y encarceladas injustamente por cargos relacionados con el aborto, según un nuevo informe de Ipas y la Iniciativa de Great Lakes por los Derechos Humanos y el Desarrollo (Great Lakes Initiative for Human Rights and Development, GLIHD).

A pesar de que el código penal de Ruanda fue modificado en el año 2012 para permitir el aborto para algunas indicaciones, el informe describe cómo las barreras jurídicas, culturales y de otra índole constituyen obstáculos por los cuales resulta “casi imposible” para las mujeres obtener servicios de aborto seguro y legal. Las mujeres con embarazos no planeados o no deseados recurren a abortos inseguros e ilegales; muchas sufren lesiones que requieren atención médica urgente. Lo que ha sido sumamente subreportado hasta la fecha es que muchas mujeres y niñas también son denunciadas a la policía por profesionales de la salud, vecinos e incluso por miembros de su familia, cuando buscan atención médica por lesiones causadas por el aborto inseguro.

El informeWhen Abortion Is a Crime: Rwanda (disponible solo en inglés) es el segundo en una serie de estudios realizados por Ipas que examinan el impacto que tienen las leyes que penalizan el aborto en los derechos jurídicos y humanos de las mujeres, en sus familias y en sus comunidades. El primer informe se enfocó en tres países latinoamericanos—Argentina, Bolivia y Brasil. El informe sobre Ruanda fue realizado en un plazo de tres años por Ipas en alianza con GLIHD, una organización que trabaja en el área de derechos humanos con sede en Kigali.

Gillian Kane, asesora senior de Ipas en políticas y autora principal del informe, dice que aunque las consecuencias que tienen las leyes restrictivas referentes al aborto para la salud están bien documentadas, se han realizado pocas o ningunas investigaciones sobre cómo se impone el cumplimiento de las leyes que penalizan el aborto. “En Ruanda, encontramos cientos de mujeres y niñas, casi todas sin antecedentes penales, que estaban siendo arrestadas tras ser denunciadas a la policía por un miembro de su comunidad”, dice ella. Algunas mujeres están cumpliendo condenas de hasta 15 años de prisión”.

Los requisitos jurídicos crean barreras para obtener servicios seguros

Según el informe, la mayoría de las mujeres en Ruanda no pueden cumplir con los pasos requeridos por la ley de 2012 para obtener un aborto legal “No están al tanto de la ley o, si tienen conocimiento de los requisitos, no tienen dinero o recursos para encontrar a un/a prestador/a de servicios, abogado/a o juez/a. A menudo los jueces y profesionales de la salud no son conscientes de la ley”.

La ley dispone que las mujeres que buscan un aborto por razones de salud obtengan la aprobación de dos médicos, lo cual constituye una enorme barrera al acceso en un país con un solo médico por cada 17,000 personas. Las mujeres que buscan interrumpir un embarazo producto de violación, incesto o matrimonio forzado, primero deben conseguir la aprobación de un/a juez/a. Dado que la mayoría de las personas ruandesas viven en zonas rurales con acceso limitado a cortes, esto también presenta una barrera significativa para el acceso de la mujer o niña promedio en Ruanda.

Desde julio de 2013 hasta abril de 2014, Ipas y GLIHD realizaron investigaciones enfocadas en cinco prisiones, que anteriormente habían sido identificadas por tener el mayor número de personas detenias por crímenes relacionados con el aborto. El estudio encontró 313 mujeres y niñas encarceladas por tener abortos ilegales, un número que comprende casi el 25% de la población femenina en cada una de esas prisiones.

El informe también se basa en datos recolectados por medio de entrevistas a profundidad realizadas por Ipas y GLIHID con 20 mujeres en las cinco prisiones. A esas mujeres se les preguntó acerca de los sucesos relacionados con su arresto, las circunstancias por las cuales buscaron un aborto, así como sobre su empleo, salud, familia, vida hogareña y contactos sociales. De las 20 mujeres, varias habían quedado embarazadas de hombres que estaban pagando por sus necesidades básicas: sus estudios, ropa y alimentos.

Una joven, cuya historia se resume en el informe, tenía 18 años cuando fue arrestada y encarcelada. Quedó embarazada cuando tenía 17 años y tomó pastillas para interrumpir su embarazo. Cuando empezó a sufrir complicaciones mientras se encontraba en el baño escolar, la escuela intervino y la denunció a la policía. Durante su juicio, ella no tuvo representante legal y se declaró culpable para poder conseguir una reducción de condena. Fue condenada a un año de prisión.

El informe explica que, tal como está formulada y es aplicada, la ley ruandesa referente al aborto viola los derechos humanos fundamentales —incluidos los derechos a la salud, a la no discriminación, a la privacidad y a un juicio justo. “El acceso a los servicios de aborto seguro es una parte esencial de la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, dice el informe, y agrega: “Cuando los gobiernos impiden que las personas que los necesitan tengan acceso a los servicios de aborto seguro, los derechos humanos de las mujeres a la salud y a la no discriminación son violados”.

Tom Mulisa, abogado defensor de los derechos humanos y director ejecutivo de GLIHD, dice que uno de los hallazgos clave del informe es que el cumplimiento de la ley se impone de manera discriminatoria. “Las mujeres que son pobres y jóvenes —aquéllas menos capaces para protegerse de embarazos no deseados— también son las más propensas a ser acusadas de aborto penal”, explica él.

Recomendaciones

El informe insta al gobierno de Ruanda a abordar esta “continua violación de los derechos humanos” con medidas para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y para prevenir que las mujeres recurran a abortos inseguros. Recomienda que el gobierno:

  • Ponga en libertad a todas las mujeres, niñas y profesionales de la salud que son encarcelados injustamente como consecuencia de las leyes punitivas referentes al aborto;
  • Difunda a mujeres, niñas, profesionales de la salud, policía y jueces, información sobre las modificaciones a la ley referente al aborto y sus requisitos;
  • Establezca procedimientos claros y sencillos para facilitar obtener autorización judicial para la interrupción legal del embarazo;
  • Invierta en medidas eficaces de prevención, que incluyan educación sexual integral, eliminación de discriminación de género y violencia sexual, y acceso a todos los métodos anticonceptivos modernos; y
  • Amplíe la ley para permitir que las enfermeras y parteras efectúen procedimientos de aborto; hacerlo es un enfoque basado en evidencia para ampliar el acceso a los servicios.