Tribunal Constitucional emite sentencia sobre las restricciones al aborto en Bolivia

miércoles, 19 de febrero de 2014

En una sentencia que marca un avance significativo para los derechos de las mujeres en la región, el tribunal más alto de Bolivia, es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional, emitió un fallo que elimina el requisito de autorización judicial para las mujeres que buscan servicios de aborto legal en Bolivia.

“Esta sentencia representa un avance importante para Bolivia”, dijo Malena Morales, Directora Interina de Ipas Bolivia. “Elimina algunas de las barreras jurídicas que enfrentan las mujeres cuando buscan servicios de interrupción legal del embarazo”.

La sentencia emitida el lunes es el último fallo en una creciente lista de acciones judiciales y legislativas que reducen las barreras jurídicas para el aborto en toda Latinoamérica, una región con algunas de las leyes más restrictivas referentes al aborto. A finales del año 2013, el gobierno de Uruguay votó por permitir el aborto hasta concluidas las primeras 12 semanas del embarazo, con la aprobación de un panel de profesionales médicos y de salud mental.

“Una vez más un tribunal latinoamericano ha decidido que los gobiernos no deben interponerse en el camino de las mujeres que buscan servicios de interrupción legal del embarazo. Esta opinión se aúna a fallos anteriores favorables emitidos en el Distrito Federal de México y en Colombia, así como a una creciente corriente de jurisprudencia nacional e internacional, que afirma el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo”, dijo Gillian Kane, asesora senior de Ipas en políticas.

La Constitución boliviana de 2009 extiende igualdad de trato bajo la ley a toda la ciudadanía de Bolivia, incluidas las mujeres y personas indígenas. Patricia Mancilla, legisladora e integrante indígena de la Cámara de Diputados de Bolivia, inició la revisión judicial de las disposiciones del código penal que penalizan el aborto. En marzo de 2012, presentó una acción de inconstitucionalidad de varios artículos del código penal que discriminan a las mujeres.

La sentencia del tribunal incluye varios puntos importantes:

  • La decisión de interrumpir o no un embarazo será de la mujer embarazada y no estará sujeta a las ideologías o creencias religiosas de jueces ni fiscales.
  • Al eliminar el requisito de la autorización de un juez, la sentencia mejorará el acceso oportuno a servicios de aborto seguro en casos donde éste es permitido por la ley (violación, estupro, incesto, rapto no seguido de matrimonio, riesgo para la salud y la vida de la mujer).
  • En caso de violación, la sentencia afirma el derecho de la mujer a buscar servicios de aborto; sin embargo, a sola denuncia a la policía o al fiscal.
  • En caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, el diagnóstico del médico es suficiente para autorizar la interrupción legal del embarazo.

El fallo del tribunal concuerda con el derecho internacional y con las recientes recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de las Naciones Unidas. En el año 2013 ambos comités recomendaron que Bolivia elimine los requisitos de autorización judicial para que las mujeres puedan tener un aborto legal. Los organismos de derechos humanos internacionales han señalado que negar el acceso de las mujeres a los servicios de aborto legal constituye una violación de numerosos derechos humanos, incluido los derechos a la salud, a la información, a la no discriminación y a una vida libre de tortura. En toda Latinoamérica, cada vez más las y los líderes en salud y derechos reproductivos instan a los gobiernos a cumplir con los derechos humanos de las mujeres al eliminar las restricciones jurídicas al aborto.  

“Aunque este fallo es un cambio positivo en las leyes punitivas de Bolivia con respecto al aborto, es solo el primer paso”, dijo Kane. “Aún existen importantes barreras jurídicas que muchas mujeres no podrán superar y sabemos que se verán obligadas a recurrir a abortos inseguros. Continuaremos apoyando los esfuerzos en Bolivia por que la nación esté más en línea con las normas internacionales de derechos humanos”.

Los estudios muestran que las leyes restrictivas de aborto ni evitan ni reducen el índice de abortos, sino que obligan a las mujeres a recurrir a procedimientos clandestinos en condiciones inseguras. En los países donde el aborto no es permitido por la ley, el riesgo de muertes y lesiones de las mujeres a causa del aborto es 30 veces más alto que en los países donde el aborto es legal. En la mayoría de las naciones latinoamericanas el aborto es permitido solo para salvar la vida de la mujer, mientras que en Chile, Nicaragua y El Salvador el aborto está totalmente prohibido bajo todas las circunstancias. El 95% de todos los abortos realizados en Latinoamérica son clandestinos e inseguros.