En su cuarto mes de embarazo, Jazmina, una joven de 18 años de edad, buscó atención urgente en el hospital público de Managua, el 31 de octubre de 2006, sólo una semana después que la legislatura nicaragüense había votado por prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia. A pesar de que presentaba fiebre, sangrado y dolor intenso, sus médicos no contaban con tecnología de imágenes para confirmar un aborto espontáneo, y el intervenir sin dichas pruebas, aunque fuera para salvar la vida de la paciente, podría llevar a años de prisión. Treinta y seis horas después, tras dos traslados hospitalarios y, finalmente, una ecografía que reveló una placenta desprendida, Jazmina fue llevada a la sala de operaciones para una cesárea urgente. Pero era demasiado tarde: Su útero ya se había llenado de sangre, y ella estaba entrando en un shock séptico mortal. Varios días después de su sencillo entierro en una ladera, el angustiado esposo de Jazmina reflexionaba respecto a la tragedia, diciendo: “Ahora perdí no sólo a nuestro bebé, sino que a toda mi familia.”

Los indicadores clave de salud materna en gran parte de Centroamérica, por lo general, indican una sombría realidad para las mujeres. Por cada 100,000 nacimientos vivos, ocurren aproximadamente 230-240 muertes maternas en Nicaragua y Guatemala, y 150-160 en El Salvador y Panamá. En cada uno de los países de esta región, las complicaciones del aborto in seguro son una de las tres causas principales de mortalidad materna. Al igual que en otras partes del mundo en desarrollo, los sectores de la población particularmente vulnerables — como las mujeres pobres, con bajo nivel de escolaridad, rurales, jóvenes, indígenas, trabajadoras itinerantes internas o inmigrantes indocumentadas — corren un riesgo más alto de tener abortos inseguros, complicaciones de aborto inseguro y lesiones permanentes de dichas complicaciones, o hasta de morir como consecuencia.

A pesar de las leyes de aborto punitivas en la región, se calcula que en Centroamérica ocurren aproximadamente 700,000 abortos inseguros al año. A finales del año 2006, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó un proyecto de ley enmendar la disposición del código penal del país, la cual permitía el aborto terapéutico. Por consiguiente, Nicaragua pasó a ser el segundo país centroamericano, después de El Salvador, en eliminar toda causal jurídica para el aborto inducido; ahora una mujer no puede tener un aborto ni tan siquiera cuando el embarazo pone su vida o su salud en peligro. En los otros cuatro países centroamericanos donde trabaja Ipas — Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá— existen leyes de aborto muy restrictivas, que permiten el aborto inducido bajo una o más circunstancias. No obstante, muy pocas mujeres pueden obtener atención segura del aborto, especialmente si carecen de los medios para pagar por los servicios del sector privado.

Las leyes restrictivas de aborto ponen en peligro la salud de las mujeres, especialmente cuando son aunadas a la considerable necesidad insatisfecha de servicios de planificación familiar entre las mujeres y sus parejas. Aproximadamente una cuarta parte de todos los embarazos en Nicaragua, El Salvador y Honduras no son deseados, y una tercera parte de los embarazos en Guatemala no son planeados. En estos cuatro países, la proporción de mujeres casadas que informan uso actual de un método anticonceptivo moderno es bastante baja y, por lo general, es sobrepasada por la demanda de dichos servicios. Como se indica en un reciente informe interagencial de EE.UU. sobre Centroamérica, “Muchas mujeres están muy lejos de lograr sus metas reproductivas.” En las zonas rurales de Honduras, por ejemplo, el número de hijos que tiene una mujer a lo largo de su vida es, en promedio, casi el doble de lo que ella consideraría ideal. Por último, la juventud y otros sectores vulnerables de la población a menudo no reciben educación sexual académica.

Desde fines de la década de los ochenta, Ipas ha trabajado de cerca con instituciones de salud pública y organizaciones no gubernamentales en toda la extensión del continente de Centroamérica para catalizar el compromiso, la acción y los recursos necesarios para proteger la salud y los derechos de las mujeres, con un enfoque en garantizar el acceso a la atención postaborto (APA) de alta calidad. Entre las actividades de Ipas Centroamérica, sedeada en Managua, se encuentran: mejorar la disponibilidad y la calidad de los servicios de aborto en el contexto de la atención integral a la salud reproductiva; crear herramientas de monitoreo para medir los avances hacia estas metas y promover acceso sostenible a las tecnologías de salud reproductiva.

Reconociendo la necesidad de promover un entendimiento más amplio de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el sector de salud pública, Ipas Centroamérica ha colaborado con facultades de medicina, enfermería y salud pública para integrar a sus currículos un enfoque en los derechos humanos respecto a los aspectos de la salud reproductiva. Este esfuerzo es parte de una estrategia de largo plazo para incrementar el futuro compromiso de los profesionales médicos para con los derechos de las mujeres y los servicios de salud.

En los próximos años, Ipas Centroamérica continuará su importante trabajo en las áreas de capacitación y prestación de servicios, formación médica y actividades de promoción y defensa (advocacy), tales como:

• ampliar la disponibilidad del instrumental de aspiración manual endouterina (AMEU), una tecnología segura para la atención postaborto, en los sistemas de salud públicos y privados mediante donaciones seleccionadas y el fortalecimiento de los sistemas de distribución;
• llevar a cabo capacitación en APA integral, centrada en la mujer, especialmente en los establecimientos de segundo y tercer nivel de atención;
• ampliar el monitoreo del modelo de APA en los sistemas de salud pública de los países seleccionados;
• elaborar, publicar y difundir normas para el uso de medicamentos para diferentes indicaciones obstétricas;
• capacitar a los estudiantes de medicina que están por graduarse, en APA, violencia sexual y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, antes de su año obligatorio de servicio social, con el fin de ampliar el acceso de las mujeres rurales a la atención esencial de la salud reproductiva a nivel local;
• fortalecer la capacidad de los líderes locales en el movimiento de las mujeres para abogar eficazmente por cambios y alcanzar a las mujeres directamente con información referente a su derecho a tener abortos seguros;
• trabajar con líderes influyentes en universidades y sociedades de ginecología y obstetricia para capacitar e incrementar el número y tipo de grupos que abogan por la atención segura del aborto y los derechos sexuales y reproductivos;
• forjar alianzas con reporteros seleccionados y capacitarlos con respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como respecto a la tragedia del aborto inseguro;
• realizar investigaciones que evalúen los efectos en la salud y otros efectos de políticas de aborto sumamente restrictivas, e informar sobre los resultados de dichas investigaciones.