A pesar de que el aborto es permitido en Bolivia si el embarazo es producto de violación y cuando se cuenta con autorización judicial para efectuar el procedimiento, varios jueces le negaron un aborto a una víctima de violación de 10 años de edad. Durante este caso tan polémico, en que los funcionarios de la Iglesia católica amenazaron con excomulgar a cualquier persona que le practicara un aborto a la menor de edad, los médicos y fiscales, respectivamente, rehusaron examinar la niña o informar su estado clínico a un juez de menores. A pesar de que el código penal permite el aborto en casos de violación y protestas generalizadas, los jueces rehusaron autorizar el aborto.

En la nación andina de Bolivia, la combinación de pobreza y servicios de salud insuficientes puede tener trágicas consecuencias para las mujeres en edad reproductiva.

En Bolivia, los ingresos de las mujeres por concepto de salario ($ 1,615 dólares estadounidenses en el año 2003) son los más bajos de toda Sudamérica y también existe una de las tasas más altas de mortalidad materna de la región de Latinoamérica y el Caribe. De acuerdo con las encuestas nacionales de demografía y salud, cada año, mueren entre 390 mujeres urbanas y 420 mujeres rurales por cada 100,000 nacidos vivos. Muchas de esas muertes son atribuibles al aborto realizado en condiciones de riesgo.

El Artículo 266 del código penal de Bolivia prohíbe el aborto excepto cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, cuando la vida o salud de la mujer corren peligro o, por una causal única a la ley boliviana, en casos de rapto que no desenlazan en matrimonio; incluso en dichas circunstancias, el aborto debe ser efectuado por un médico con el consentimiento de la mujer y autorización judicial. En la práctica, resulta casi imposible para las mujeres tener un aborto impune debido a la ley estricta, prejuicios en el sector salud o en el sector jurídico, creencias culturales y obstáculos burocráticos que las mujeres afrontan para tener un aborto autorizado sin temor a ser castigadas.

Aisladas de los centros urbanos donde se dispone de atención médica con más prontitud, las mujeres rurales e indígenas están particularmente inclinadas a arriesgarse a tener un aborto inseguro y a sufrir complicaciones que ponen su vida en peligro. Asimismo, tienen menos probabilidad de recibir la orientación y los anticonceptivos fundamentales para evitar el embarazo no deseado.

En respuesta al número de mujeres que mueren por causa del aborto inseguro, Ipas Bolivia, el gobierno y los funcionarios de salud se han movilizado para combatir la alarmante tasa de mortalidad materna. Las complicaciones postaborto son comunes, y el gobierno boliviano ha incluido la atención postaborto (APA) como un servicio básico del Seguro Universal de Salud. A pesar de que la atención postaborto es cubierta por este plan de seguro y de que es una parte rutinaria de los servicios obstétricos de urgencia, es posible que muchas mujeres bolivianas aún continúen aplazando el acudir a un hospital después de un aborto inseguro debido a los malos tratos que reciben de los profesionales de la salud. Además de su programa de capacitación, Ipas Bolivia trabaja para disminuir el estigma entre los profesionales médicos que atienden a las mujeres que han intentado tener un aborto en condiciones de riesgo.

La violencia contra las mujeres es un factor considerable en los embarazos no planificados; aunque pocos estudios se centran específicamente en la violencia basada en género, algunas evidencias indican que más de una tercera parte de las mujeres bolivianas han sido forzadas a tener relaciones sexuales con una pareja y muchas más han sufrido malos tratos físicos o psicológicos. Dada la prevalencia de violencia contra las mujeres en esta nación sudamericana, Ipas Bolivia elaboró una estrategia integral y multidisciplinaria para garantizar el acceso de las víctimas de violencia sexual a los servicios de aborto y otros servicios de salud, así como a los procesos para garantizar el cumplimiento de la ley y de acción judicial.

En colaboración con el Viceministerio de la Mujer, Ipas Bolivia desempeñó una función esencial en la creación y difusión de normas y protocolos de atención nacionales, que esbozan la atención integral para las sobrevivientes y garantizan el acceso de las víctimas de violación a la gama de servicios, incluidos los servicios de aborto seguro y legal y orientación psicológica.

Las normas también exigen que se establezcan protocolos para la recolección de evidencia y se documente la violación y/o el embarazo producto de la violación. Ipas Bolivia y sus colaboradores han creado una caja especial, que contiene guantes y otros materiales fungibles, para la toma de cualquier evidencia que podría probar las acusaciones de violación en los tribunales, y que también garantiza la seguridad de no manipular o alterar la evidencia.

En los próximos años, Ipas Bolivia planea:

• Institucionalizar la capacitación en APA con la aspiración manual endouterina (AMEU) en las facultades de medicina y enfermería, particularmente para futuros gineco-obstetras;
• Ampliar los conocimientos respecto al aborto con medicamentos y proteger el acceso al misoprostol al promover su uso para todas las indicaciones ginecológicas/obstétricas aceptadas;
• Poner en práctica el modelo de atención integral para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual;
• Contribuir a la capacidad de las mujeres y adolescentes para reconocer y ejercer sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, incluido el derecho a vivir libre de violencia;
• Abogar por la inclusión de los derechos reproductivos en la nueva constitución, que está siendo elaborada por la Asamblea Constituyente, y por el reconocimiento de los problemas de salud pública;
• Trabajar con el sector judicial, el sector salud y los cuerpos encargados de imponer el cumplimiento de la ley (incluidos médicos forenses, otros profesionales forenses y la policía) para mejorar el acceso al aborto legal.