Víctimas por partida doble: mexicanas víctimas de violación son negadas el aborto

Aunque a las víctimas de violación se les garantiza acceso al aborto en México, ellas encuentran muy poco apoyo, y con frecuencia hostilidad, en el sector judicial y el sector salud.

Foto cortesía de Richard Lord.

En todo México, una mujer que queda embarazada a consecuencia de una violación tiene el derecho de buscar una interrupción legal del embarazo. Sin embargo, en realidad, cuando una víctima de violación intenta reivindicar este derecho, por lo general se enfrenta con una maraña burocrática. Los funcionarios de la policía cuestionan la validez de su experiencia o le proporcionan información incorrecta sobre sus opciones, y los prestadores de servicios de salud a menudo se niegan a efectuar el aborto. 

Con todos estos obstáculos, su probabilidad de obtener un aborto legal es prácticamente inexistente en la mayoría de los estados mexicanos.

Human Rights Watch (HRW) dio a conocer un nuevo informe, “The Second Assault: Obstructing Access to Legal Abortion after Rape in Mexico”, en conferencias de prensa celebradas la semana pasada en el Distrito Federal y en Guanajuato. El personal de Ipas México fue entrevistado para el informe y conectó a los investigadores de HRW con las organizaciones que ayudan a las víctimas de violación a quienes se les había negado el aborto en toda la extensión del territorio nacional.

Debbie Billings, Senior Associate de Investigación en Ipas, dijo: “En nuestras investigaciones, al acompañar a las víctimas de violación hasta los prestadores de servicios de salud y al colaborar con organizaciones hermanas, se hace evidente que las mujeres y las niñas a menudo se enfrentan con una rotunda denegación de servicios o se les hace esperar tanto tiempo que a la larga les resulta imposible tener un aborto en condiciones seguras. Se están logrando avances en algunos lugares, como en el Distrito Federal, donde se han elaborado normas respecto a las obligaciones del sector judicial y del sector salud para proporcionar a las víctimas de violación toda la gama de servicios, incluida la interrupción legal del embarazo. Pero en la mayoría de los estados no existen normas ni se registran avances en la implementación de procedimientos jurídicos.”

Marianne Mollman, investigadora de Human Rights Watch y autora del informe, realizó entrevistas en nueve estados mexicanos y documentó el proceso casi infranqueable que debe seguir una víctima de violación para tener un aborto. En primer lugar, las mujeres deben denunciar la violación a la policía o a fiscales especiales, quienes podrían encontrarse muy lejos del hogar de la mujer. Las mujeres que vencen los obstáculos de distancia, temor y costos de entablar una demanda, a menudo son confrontadas por autoridades que se burlan de ellas o las acusan de inmoralidad sexual.

Pocas mujeres en realidad pasan por ese proceso. El informe cita cálculos aproximados de que sólo el 10 por ciento de las víctimas de violación presentan una demanda, una pequeña fracción de las aproximadamente 120,000 a 130,000 violaciones que el gobierno estima ocurren cada año. Las mujeres y las niñas dudan en cuanto a someterse a una “segunda violación” de escrutinio e incredulidad por parte de los funcionarios públicos. No obstante, en un sistema jurídico donde el aborto es ilegal salvo bajo algunas pocas circunstancias (incluida la violación), las víctimas deben hacerle frente a la burocracia a fin de demostrar su caso. 

A las víctimas que fueron violadas por un miembro de su familia, especialmente las niñas y las adolescentes, se les hace particularmente difícil. A las mujeres o niñas que han sido violadas por un pariente se les aconseja que se las arreglen para “conservar la familia”. En México, el incesto es considerado por ley un acto sexual consensual aun si la relación es indudablemente desigual, como la relación entre un padre y un hijo. Un cargo de incesto no le da derecho a una niña embarazada a tener un aborto.

“Graciela”, una joven de 16 años de edad que fue entrevistada para el informe, fue violada y fecundada por su padre. En su denuncia al fiscal, ella declaró: “…  No quiero estar embarazada, y por eso quiero que usted me ayude a tener un aborto, porque como ya dije, no quiero tener a esta criatura porque es de mi padre y no la quiero”. Considerada una víctima de “incesto” y no de violación, ella fue obligada a llevar el embarazo a término.

En el estado de Guanajuato, donde se dio a conocer el informe el 8 de marzo, y donde vive “Graciela”, se negó que alguna víctima de violación hubiera solicitado una interrupción legal del embarazo o que se le hubiera negado acceso al aborto.

Sin embargo, en “Víctimas por partida doble” se documenta un patrón de obstrucción por parte de funcionarios médicos o jurídicos en todo el país. A algunas mujeres se les proporciona información falsa acerca de los peligros del aborto, aprobado por la Organización Mundial de la Salud como un procedimiento seguro cuando es efectuado por personal capacitado en lugares adecuados. Por otro lado, algunas mujeres adquieren autorización para tener un aborto, pero no pueden encontrar a un prestador de servicios, ya que los que practican los procedimientos de aborto funcionan bajo una red secreta y no son suficientemente visibles para que las mujeres puedan encontrarlos sin una referencia.

Human Rights Watch recomienda que en todos los estados y en el Distrito Federal se creen las condiciones necesarias para ofrecer servicios de aborto seguro y que se impongan sanciones a los funcionarios que obstruyen el derecho de las mujeres y de las niñas al aborto después de una violación. También solicita al congreso federal que promulgue una ley nacional que castigue todas las formas de violencia intrafamiliar y sexual, incluido el incesto y la violación conyugal; que establezca una edad nacional de consentimiento para la actividad sexual; y que revoque las partes del código penal que penalizan al aborto.

La Dra. Raffaela Schiavon, Directora de Ipas México, dijo que el informe es importante porque en él se recomienda que los servicios de aborto seguro, humanizado y gratuito estén disponibles par las víctimas de violación, y dichos servicios deben ser apoyados en todos los niveles: desde la secretaría nacional de salud hasta los gobiernos estatales y los sistemas judiciales.

La Dra. Schiavon agregó: “El derecho de las mujeres a recibir servicios jurídicos significa acceso oportuno a todas las tecnologías modernas de aborto. Se trata no sólo de su derecho a la salud, sino también de su derecho a la justicia”.

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Kirsten Sherk
Gerente, Unidad de Comunicaciones
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