Roe contra Wade, 35 años después: ¿Protegiendo los derechos de todas las mujeres estadounidenses?

foto por Richard Lord

Hace 35 años, en 1973, las mujeres en Estados Unidos ganaron su derecho a un aborto seguro y legal cuando la Suprema Corte anunció su decisión en Roe contra Wade. En su fallo, el tribunal reconoció por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad “es suficientemente amplio para abarcar la decisión de una mujer en cuanto a si interrumpir o no su embarazo.”

El efecto que tuvo Roe contra Wade en Estados Unidos fue drástico: se logró salvar la vida de miles de mujeres al disminuir a casi cero las tasas de lesiones y muertes atribuibles al aborto. Antes de 1965, casi el 17 por ciento de las muertes de EE.UU. relacionadas con el parto y el embarazo eran causadas por abortos inseguros e ilegales, según Planned Parenthood Federation of America (Federación de Planificación Familiar de Estados Unidos).

Además de salvar la vida de las mujeres, Roe contra Wade fue un hito importante para los derechos de las mujeres. Fue, y continúa siendo, una afirmación del derecho de las mujeres de decidir si tener hijos y cuándo tenerlos. Pero a algunas mujeres efectivamente se les niega este derecho como resultado de las prohibiciones impuestas por los gobiernos estatales y federales en cuanto al financiamiento público del aborto y la escasez de prestadores de servicios de aborto debido a las amenazas de violencia y onerosas regulaciones de los establecimientos de salud. De acuerdo con datos recientes del Guttmacher Institute, el 87 por ciento de todos los condados de EE.UU., donde reside más del 30 por ciento de las mujeres de 15 a 44 años de edad, carecía de un prestador de servicios de aborto en 2005. ¿Cómo se pueden ejercer los derechos cuando no hay acceso a los servicios?

“Las leyes son importantes, pero los servicios son aun más importantes”, afirma Charlotte Hord Smith, Directora de la Unidad de Políticas de Ipas. “La legalidad no equivale al acceso para muchas estadounidenses.”

El estado socioeconómico también desempeña un papel en limitar el acceso de las mujeres estadounidenses al aborto. En 1973, Roe contra Wade otorgó a todas las mujeres de Estados Unidos el derecho a servicios de aborto, durante tres años. Pero en 1976, la aprobación de la Enmienda Hyde les negó ese derecho a las mujeres que dependen de los programas de salud financiados con fondos públicos, como Medicaid, ya que impide que estos programas cubran los servicios de aborto, excepto en casos donde corre peligro la vida de la madre, y en casos de violación o incesto.

Antes de la Enmienda Hyde, Medicaid federal cubría una tercera parte de todos los abortos. Desde 1977, no ha pagado por casi ningún aborto. Las prohibiciones del financiamiento del aborto afectan más a las mujeres pobres, mujeres de color y mujeres jóvenes. Es más, según NNAF, el costo de un aborto en el primer trimestre puede ser superior a los ingresos mensuales de una familia en el umbral de la pobreza.

“A miles de mujeres se les niega su derecho al aborto, simplemente porque no tienen el dinero para pagar por la atención del aborto", dice Sarah Horsley, directora de comunicaciones y campañas, de la National Network of Abortion Funds (NNAF, por sus siglas en inglés que significan Red Nacional de Fondos para el Aborto), una organización a la cual se unió Ipas para auspiciar la Campaña Hyde: ¡30 años basta!.

A pesar de que Roe v. Wade fue un logro histórico, no todas las mujeres tienen la misma posibilidad de obtener un aborto seguro y legal. Y 35 años después, peligra el derecho de todas las mujeres estadounidenses de tomar decisiones sobre su salud reproductiva. La cruzada encabezada por el gobierno de Bush contra la libre elección, cuyo objetivo es incrementar/ampliar políticas como la Enmienda de Hyde, ha sido reafirmada por ataques legislativos tanto a nivel estatal como federal. En muchos estados, las mujeres se ven forzadas a cruzar fronteras estatales o a viajar largas distancias para recibir servicios de aborto debido a las restrictivas leyes locales o a la falta de prestadores de servicios, según la información de Mapping Our Rights, un proyecto patrocinado por Ipas, la Comisión Nacional de Gays y Lesbianas (National Gay and Lesbian Task Force) y el Colectivo SisterSong de Salud Reproductiva de las Mujeres de Color ( SisterSong Women of Color Reproductive Health Collective). Además, a las mujeres que buscan anticoncepción de emergencia se les ha negado la misma en las farmacias. La enseñanza centrada exclusivamente en la abstinencia se ha apoderado del sistema escolar de Estados Unidos, dejando un vacío donde debería proporcionarse información práctica sobre la anticoncepción y el embarazo.

Los datos mundiales muestran que, en contraste con las ideas conservadoras propugnadas por el presidente Bush y sus colegas contra la libre elección, la penalización de los servicios de aborto no evita la práctica de abortos, sólo impide que las mujeres reciban servicios seguros y de alta calidad. En un estudio publicado en The Lancet en o ctubre de 2007, se encontró que las tasas mundiales de aborto en países con leyes restrictivas de aborto son similares a las de países con leyes más liberales. No obstante, en países con leyes restrictivas, las mujeres corren un riesgo mucho más elevado de morir o sufrir lesiones como consecuencia de los servicios de aborto inseguro.

En un país con una de las tasas mundiales más altas de embarazos en la adolescencia, y donde la mitad de todos los embarazos no son planeados, el acceso a los servicios de aborto seguros y de alta calidad es fundamental. “Roe contra Wade fue un gran paso hacia adelante a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, y debemos hacer todo lo posible por protegerlo. Al mismo tiempo, es imperativo que el derecho a los servicios de aborto seguro se extienda a todas las mujeres, independientemente de los aspectos geográficos o económicos”, afirma la presidenta de Ipas, Elizabeth Maguire.

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