Prohibición nicaragüense del aborto terapéutico entra en vigor

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua recientemente confirmó la prohibición total del aborto terapéutico. En Nicaragua existe una de las tasas más altas de mortalidad materna de toda Latinoamérica.

foto por Sara Gómez

En noviembre de 2006, Nicaragua pasó a ser uno de sólo cuatro países mundialmente donde el aborto es prohibido bajo cualquier circunstancia, incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo. El 8 de julio, entró en vigor el nuevo código penal code, que nuevamente elimina toda excepción para el aborto terapéutico: es decir, un aborto efectuado para salvar la vida o la salud de la madre.

En enero de 2007, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GE) —un colectivo diverso de grupos comprometidos a restablecer el aborto terapéutico, que incluye a Ipas, organizaciones de mujeres, grupos de derechos humanos, sociedades médicas, grupos comunitarios, grupos por los derechos de los niños y académicos— interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para declarar la ley inconstitucional. El GE argumentó que Nicaragua estaba negando a las mujeres sus derechos fundamentales a la vida y la salud, violando su propia constitución y el Derecho internacional, que prohíbe la prohibición del aborto.

La Corte Suprema tuvo 60 días para responder; sin embargo, la solicitud original nunca fue revisada por la corte —pese a las peticiones escritas del GE exigiendo una respuesta. Dado que el nuevo Código Penal deroga la ley original de 2006, la solicitud del GE ahora es nula.

El GE interpuso un nuevo recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, argumentando nuevamente que cuatro artículos del nuevo código penal son inconstitucionales porque violan el derecho a la vida, la salud, la dignidad humana, la libertad individual y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes. El recurso también pide a la Corte que llame a responder al presidente Daniel Ortega y al Presidente de la Asamblea Nacional René Núñez.

“La Corte Suprema tiene una gran oportunidad en sus manos”, dijo la Directora de Ipas Centroamérica, Marta María Blandón. “Si acepta y resuelve favorablemente esta demanda, sería muy positivo [para que la Corte pueda] recuperar su prestigio y demostrar a toda la población de Nicaragua que este poder de Estado está actuando independientemente de toda presión política, partidista o religiosa y que sus decisiones están de acuerdo con los derechos humanos de las mujeres y la constitución.”

La prohibición total del aborto en Nicaragua sólo exacerba el peligro que afrontan las mujeres y niñas en un país con una de las tasas más altas de mortalidad materna de la región: 170 muertes por cada 100,000 nacimientos vivos. El aborto inseguro continúa siendo una de las causas más importantes, y evitables, de muerte relacionada con el embarazo en la región; más de 900,000 abortos clandestinos son efectuados cada año

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