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| Mónica Roa |
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El Procurador colombiano —funcionario a cargo de monitorear los derechos humanos en acciones públicas— con ayuda financiera del Plan Colombia financiado por EE.UU., desató una campaña contra los derechos reproductivos de las mujeres, incluidos los derechos al aborto y a la anticoncepción de emergencia. Mónica Roa, la abogada colombiana que expuso y ganó el caso para reconocer al aborto como un derecho sexual y reproductivo en Colombia, habla sobre el debate reanimado al respecto:
En el otoño del año pasado, Alejandro Ordoñez, Procurador colombiano, anunció al país que se habían suspendido las guías emitidas por el gobierno respecto a la prestación de servicios de aborto. Más o menos al mismo tiempo, expresó su desacuerdo con el fallo de la Corte Constitucional Colombiana en octubre de 2009 respecto a la objeción de conciencia, el cual, entre otras cosas, reiteró que:
- La judicatura no puede fallar basándose en sus creencias personales;
- Las adolescentes tienen derecho a tomar sus propias decisiones en cuanto a si tener o no un aborto;
- Los profesionales médicos deben garantizar estricta confidencialidad;
- Los funcionarios públicos deben incluir la educación en circunstancias en las que el aborto es legal en instituciones educativas y en programas de salud sexual y reproductiva.
Y en diciembre de 2009, se enfocó en la anticoncepción de emergencia e hizo un llamado a que ésta se retirara del mercado, arguyendo incorrectamente que causa abortos.
Las acciones de Ordoñez han producido confusión total respecto a la legalidad de los servicios de aborto en Colombia —confusión a expensas de los derechos humanos de las mujeres. Los medios de comunicación, por ejemplo, han reportado incorrectamente que la interrupción del embarazo ya no es legal, y los profesionales de la salud no están seguros de cómo continuar con la prestación de servicios de aborto porque las guías han sido suspendidas.
La persona que él nombró como Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ylva Myriam Hoyos, también es una amenaza para los derechos reproductivos de las mujeres. Ella se opuso rotundamente al fallo de 2006 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto en casos de violación e incesto y en casos en que la vida de la mujer o del feto corren peligro, presentó ante la corte 47 expedientes para expresar su oposición, y solicitó que se anulara la decisión. Además, redactó varios libros y artículos que critican la decisión y declaró su compromiso personal en contra del fallo.
Con estos dos líderes contra el derecho a decidir al mando, no cabe duda de la opinión de la Procuraduría sobre el derecho de la mujer a un aborto seguro.
Es imperativo concientizar al pueblo, al gobierno y a los representantes de EE.UU. en cuanto al hecho de que los fondos de EE.UU. para la protección de los derechos humanos están siendo utilizados por la Procuraduría para amenazar los derechos reproductivos fundamentales de las mujeres colombianas. Los recientes intentos por debilitar los derechos sexuales y reproductivos en Colombia son sólo la punta de un iceberg muy peligroso.
Para expresar su inquietud respecto a la forma en que el Procurador de Colombia está utilizando los fondos de Estados Unidos para los derechos humanos, diríjase al:
Embajador Bill Brownfield
Embajada de EE.UU. en Bogotá
AmbassadorB@state.gov
Mónica Roa es directora de programas en Women's Link Worldwide. Obtuvo su licenciatura en Derecho de la Universidad de Los Andes, en Bogotá, y una Maestría en Derecho (LL.M.) en Derecho de Servicio Público Global, de la Universidad de Nueva York. Es autora de varios libros y publicaciones académicas sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Para mayor información, diríjase a: media@ipas.org