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10 deciembre 2007
Mónica Roa en la portada de
Foto cortesía de Ipas.

En 1948, Eleanor Roosevelt dijo: “El futuro debe ver la ampliación de los derechos humanos en todo el mundo…. En el sentido estricto, los derechos humanos son un objeto fundamental de Derecho y Gobierno en una sociedad justa. Los derechos humanos existen al grado que son respetados por personas en relaciones entre sí y por gobiernos en relaciones con sus ciudadanos.”

El llamado de Roosevelt al mundo para respetar y defender los derechos humanos fundamentales aún resuena casi 60 años después, especialmente el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Los gobiernos del mundo han prometido proteger los derechos de las mujeres a la vida, salud,  integridad corporal, privacidad, libertad de discriminación y libertad de tratos crueles, inusuales y degradantes. El acceso a los servicios reproductivos seguros y a precios asequibles — incluidos los servicios de aborto— se clasifica bajo la extensa gama de derechos humanos. Pero dado que casi 67,000 mujeres mueren cada año debido al aborto inseguro, los gobernantes del mundo no están cumpliendo su promesa.

“Sólo un movimiento unido para todos nuestros derechos humanos nos salvará”, dijo Loretta Ross de SisterSong Women of Color Reproductive Health Collective. Ese movimiento unido aún está en evolución.

En el reciente número de la revista de Ipas A — the abortion magazine (A: la revista sobre aborto) se explora cómo los defensores de los derechos de aborto, que actúan como defensores de derechos humanos, llegan a formar parte de un movimiento unido más amplio para promover la igualdad de todas las personas. Un pasaje de un artículo por Deborah Billings, “Los derechos humanos en Latinoamérica: desde el discurso hasta la realidad”, destaca los retos de salvar la distancia entre los derechos humanos y los derechos reproductivos, en Latinoamérica y otras regiones:

…Tanto “la maternidad voluntaria” como el acceso a los servicios de aborto seguro y legal han figurado prominentemente en los esfuerzos de la sociedad  civil para crear políticas y leyes que garanticen los derechos de las mujeres, incluidos sus derechos a la vida y la salud. Dichos esfuerzos colocan al Estado a la vanguardia de crear las condiciones necesarias para realizar estos derechos, que son de particular importancia para las mujeres marginadas que tienen el menor acceso a los servicios de aborto seguro, independientemente de la legislación vigente. Esto incluye a las mujeres jóvenes, pobres y rurales, así como a las mujeres que son víctimas/sobrevivientes de violencia sexual.

Aún existen retos, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial. En los últimos 20 años se han visto lentos avances en cuanto a salvar la distancia entre los activistas de derechos civiles y políticos y aquéllos que encabezan los movimientos de derechos sexuales y reproductivos. Pero ahora por fin se está empezando a hacer caso a este llamado a la acción en grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que están tomando posiciones progresivas públicas en cuanto a la violencia basada en género y el aborto. En Latinoamérica, los esfuerzos han combinado el discurso sobre los derechos humanos con los argumentos de salud pública a fin de modificar considerablemente la legislación de aborto vigente. Pero aunque los avances en la ampliación del acceso a los servicios de aborto seguro en la Ciudad de México y Colombia proporcionan modelos para cambios positivos, las  reformas legislativas regresivas en Nicaragua y El Salvador nos dicen que no todos los gobiernos están comprometidos a la prevención de muertes y sufrimiento innecesarios debido a las complicaciones relacionadas con el aborto inseguro.

El tratar la impunidad y transmitir el sentido, tanto en percepción como en realidad, de que las personas pueden abogar por sus derechos y buscar servicios de salud reproductiva sin represalias del gobierno, figuran entre los retos más imponentes que encaran los  movimientos de Latinoamérica. Un sistema completamente desarrollado de derechos humanos exige que la ley local y los sistemas de justicia sean imparciales, justos y de confianza. Sin estos elementos, el discurso sobre los derechos humanos permanece en el nivel de declaraciones y conversaciones sin recurrir a tomar medidas significativas. 

Además en A, Mónica Roa, la abogada que entabló una demanda en la Corte Constitucional de Colombia respecto a la prohibición del aborto en el país, explica cómo ella y otros activistas colombianos utilizaron el derecho a la salud como una plataforma para lograr cambios. Prevaleció el argumento de Roa de que la prohibición  violaba los compromisos de Colombia en los tratados internacionales de derechos humanos. La ley fue revocada el año pasado.

En una carta concisa, Charles Ngwena, profesor de la Universidad del Estado Libre en Sudáfrica, argumenta el valor de la igualdad y la dignidad humana en plantear el aborto como un derecho humano:

La dignidad humana nos permite capturar la autoestima de las mujeres como personas cuyas elecciones en la vida deben ser respetadas. …La igualdad captura la vulnerabilidad y las desventajas históricas de las mujeres como un grupo y el impacto adverso que tiene la denegación de servicios de aborto en las mujeres, por ejemplo: la morbimortalidad relacionada con el aborto inseguro.

Haga clic aquí para leer el texto completo de todos los artículos destacados en la revista A magazine.

Para mayor información, diríjase a:
Kirsten Sherk
Gerente, Unidad de Comunicaciones
e-mail: sherkk@ipas.org
teléfono: 919.960.5612
fax: 919.929.0258