La legislatura nicaragüense vota “no” a salvar la vida de las mujeres

Este voto en Nicaragua, realizado con el pretexto de “promover la vida”, propiciará más muertes y sufrimiento para las mujeres nicaragüenses y sus familias.

Celeste Gonzalez

El jueves, 13 de septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua rechazó un voto para legalizar el aborto terapéutico, y así fortaleció la prohibición total del aborto en este país. La prohibición del aborto terapéutico, o de abortos realizados para cumplir con un propósito médico específico, como salvar la vida de la mujer o evitar incapacidad permanente, es un doloroso paso hacia atrás para los derechos humanos y reproductivos en Nicaragua. Este voto, realizado con el pretexto de “promover la vida”, propiciará más muertes y sufrimiento para las mujeres nicaragüenses y sus familias.

El aborto terapéutico es ilegal en Nicaragua desde octubre de 2006, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua votó unánimemente para prohibir todo tipo de aborto. A pesar de que el aborto era restringido antes de la prohibición (la mujer tenía que obtener la aprobación de un equipo de tres médicos, así como el permiso de su pareja o pariente más cercano), el aborto terapéutico (es decir, la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal a fin de salvar la vida o la salud de la mujer, en el caso de malformación fetal, o en el caso de violación o incesto) había sido legal en Nicaragua durante más de 130 años.

Un puñado de legisladores progresistas recientemente propusieron cambios al Código Penal de Nicaragua con el fin de volver a autorizar el aborto terapéutico. El 13 de septiembre, esta propuesta fue rechazada. De acuerdo con las leyes vigentes en Nicaragua, el castigo por aborto es el mismo, sin importar la necesidad médica. Toda mujer que consienta en que se le practique un aborto o que intencionalmente cause su propio aborto, puede ser condenada a hasta dos años de prisión. Toda persona que practique un aborto puede ser condenada a por lo menos uno a tres años de prisión; los profesionales médicos también perderán su licencia para proporcionar servicios de salud durante dos a cinco años.

A pesar de los esfuerzos dedicados de Ipas Centroamérica y otros grupos de derechos reproductivos, las mayorías de ambos partidos políticos principales de Nicaragua rechazaron la propuesta. El Nuevo Diario, un periódico nicaragüense, informó que los legisladores se refirieron a las feministas y a los defensores de la salud pública que protestaron contra la ley como “asesinos” y “lesbianas”.

Incluso antes de esta ley, era peligroso quedar embarazada en Nicaragua. Las mujeres en Nicaragua tienen más probabilidad de morir durante o poco después del embarazo, que las mujeres en casi cualquier otro país de las Américas. La prohibición del aborto terapéutico sólo causará más muertes. En recientes estudios realizados en Brasil y otros lugares se ha encontrado que el restringir el aborto no impide que éste suceda; al contrario, las restricciones llevan a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos practicados en condiciones de riesgo por personas no calificadas. En el caso de Nicaragua, debido a las estrictas penalidades asociadas con la práctica del aborto, sólo los prestadores de servicios más desesperados y menos establecidos estarán dispuestos a practicar abortos.

Las mujeres ya sufren debido a los cambios en las leyes nicaragüenses. El número de mujeres que mueren por causas obstétricas indirectas se ha duplicado desde la prohibición del aborto: más de 82 muertes maternas han sido registradas oficialmente en Nicaragua, y por lo menos cinco de estas mujeres tenían enfermedades por las cuales hubieran reunido las condiciones necesarias para que se les practicara un aborto terapéutico. La prohibición del aborto terapéutico afecta desproporcionadamente a las mujeres más vulnerables de Nicaragua. Tres cuartas partes de las mujeres que han muerto hasta la fecha vivían en zonas rurales; más del 80 por ciento eran adolescentes y adultas jóvenes.

Es probable que las leyes de aborto en Nicaragua también perjudiquen a las mujeres que presentan complicaciones relacionadas con el embarazo y urgencias no relacionadas con el aborto. Los profesionales de la salud que temen ser castigados quizás duden en proporcionar servicios obstétricos que en realidad podrían ser legales. En algunos casos, esta vacilación puede propiciar demoras, que causan daños permanentes al sistema reproductivo de la mujer; en otros, es posible que las mujeres sean trasladadas a otros hospitales sin recibir tratamiento.

Infelizmente, esta oportunidad probablemente era la mejor esperanza de legalizar el aborto terapéutico en el futuro inmediato. En enero, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y otras organizaciones presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad en contra de dicha ley, pero la Corte nunca aceptó este recurso de apelación.

Ipas continuará trabajando para ampliar la disponibilidad de los servicios de salud para las mujeres que los necesitan. Una estrategia posiblemente fructífera podría ser plantear el aborto como un asunto de derechos humanos. Nicaragua ratificó tratados internacionales que garantizan que todas las personas, independientemente de su sexo o situación económica, tengan derecho a la dignidad y a recibir servicios de salud. El cuestionar la prohibición del aborto ante organizaciones internacionales, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, alegando que la prohibición viola estos tratados internacionales, puede resultar fundamental para presionar al gobierno nicaragüense a cambiar la legislación.

Para mayor información, diríjase a:
Kirsten Sherk
Gerente, Unidad de Comunicaciones
e-mail: sherkk@ipas.org
teléfono: 919.960.5612
fax: 919.929.0258