El proyecto de ley modificó la Ley CTOP original No. 92 de 1996 (despenalizando el aborto) con el fin de garantizar la disponibilidad amplia de servicios de aborto seguro. Como resultado del hallazgo de la Corte Constitucional, en agosto del presente año, las nueve legislaturas provinciales de Sudáfrica realizaron audiencias públicas en las que los individuos y las organizaciones podían exponer sus opiniones sobre la Ley CTOP. El director de Ipas en Sudáfrica, Mosotho Gabriel, participó en las audiencias, recordando a los políticos que la parte fundamental de la Ley CTOP original no está en duda  y que la impugnación efectuada por Médicos Por la Vida, cerca de una década después, forma parte de una estrategia conservadora (anti-choice) más amplia que intenta debilitar paulatinamente la despenalización del aborto. El sistema estatal de salud hizo una declaración similar al publicarse la decisión de la corte.

Pese a lo anterior, el grupo de presión conservador utilizó las audiencias públicas como una oportunidad para lanzar una serie de argumentos contra la Ley CTOP en sí. Los testigos disintieron por los requerimientos de la edad de consentimiento, los malos servicios de consejería y las normas existentes para que los prestadores de servicios de salud puedan optar por la objeción de conciencia. En la audiencia pública de Cabo Occidental, un proponente conservador sugirió que se forzara a las mujeres a ver imágenes de fetos vivos y abortados antes de someterse a un aborto. Desde entonces la activista Melanie Judge identificó a los miembros del grupo de presión conservador como los mismos que se opusieron en el 2006 a la adopción de niños por parejas del mismo sexo.

En septiembre 18, tres años después de que se pasara por primera vez la reforma a la ley, el Comité Asesor para Servicios Sociales de la segunda cámara del parlamento (Consejo Nacional de las Provincias) se reunió en Ciudad del Cabo a deliberar nuevamente sobre su reforma. El comité recibió  mandatos de ocho de las nueve legislaturas (suficientes para realizar la votación decisiva). Estas fueron: Cabo Occidente, Cabo Oriental, Cabo del Norte, Limpopo, KwaZulu Natal, Mpumalanga, Noroeste y Estado Libre. Asimismo, se pidió a los representantes al comité votar por la ley tal como estaba redactada.

Sin embargo, tres de las ocho legislaturas provinciales manifestaron algunos reclamos. En el informe de la legislatura provincial de Limpopo, predominantemente rural, se expuso que algunos participantes en las audiencias públicas pensaban que el aborto iba en “contra de sus creencias culturales” y que propiciaba la “mala conducta, la inmoralidad y la prostitución entre las jóvenes,” entre otros. En el de la legislatura de Limpopo se recomendó que los prestadores de servicios que se oponen a la interrupción del embarazo (TOP por sus siglas en inglés) se excluyan de la capacitación para dicho fin.

El informe presentado por el representante de la legislatura provincial del Noroeste enfatizó la importancia de que los abortos se practiquen en establecimientos de salud bien equipados por personal calificado. Además manifestó que no debe permitirse a los curanderos tradicionales la práctica de abortos pues no están capacitados para solucionar las complicaciones en caso de que se presenten. Recomendó además que siempre se obtenga el consentimiento de los padres antes de practicar un aborto en jóvenes menores de 18 años. Y reiteró  que apoyaba el contenido fundamental de la ley.

El representante de la legislatura de Cabo Occidental recomendó brindar más apoyo a los profesionales  de la salud que prestan servicios de aborto así como a aquellos que se oponen a esta práctica. Además, propuso que debe promoverse la participación de la comunidad en “esta área de la salud”. Finalmente, recomendó que quede clara en la Ley la diferencia entre aborto farmacológico y quirúrgico. Estos representantes también apoyaron su contenido.

Durante el debate, el comité discutió la posibilidad de modificar la Ley. La delegación de KwaZulu Natal enfatizó que cualquier modificación debía respetar sus elementos esenciales. De forma similar, las delegaciones de Cabo Occidental y Noroeste enfatizaron en que su contenido no debía alterarse y debía permanecer igual. La Ley fue adoptada por unanimidad.

En septiembre 19, el Consejo Nacional de Provincias aprobó la Ley. Durante el debate, Faith Mazibuko del Congreso Nacional Africano criticó a la organización Médicos Por la Vida por no entender que la ley se centra en evitar los abortos clandestinos. Falta aún presentarla ante la Asamblea Nacional (primera cámara del parlamento) y el presidente Thabo Mbeki para su aprobación.

Según algunos informes de prensa, las organizaciones conservadoras (anti-choice) están considerando exigir nuevamente al gobierno, por vía judicial, que se delibere sobre el proceso de la segunda audiencia pública.