Human Rights Watch: Se niega atención a las mujeres nicaragüenses
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La prohibición de todo tipo de aborto en Nicaragua ha asustado a los médicos a tal punto que aplazan o evitan la prestación de servicios a sus pacientes, ha desalentado a las mujeres de buscar la atención médica que necesitan y ha propiciado muertes evitables, según un nuevo informe de Human Rights Watch.
El 2 de octubre Human Rights Watch publicó “Over their dead bodies: Denial of access to emergency obstetric care and therapeutic abortion in Nicaragua.” (“Sobre sus cadáveres: Denegación del acceso a los cuidados obstétricos de emergencia y al aborto terapéutico en Nicaragua”). El informe documenta el impacto de la prohibición total del aborto, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional en octubre de 2006.
La nueva ley prohíbe el aborto terapéutico, que anteriormente era legal y el cual es necesario para proteger la salud de la mujer o salvarle la vida. Además, todo médico que practique un procedimiento de aborto puede ser condenado a uno o hasta tres años de prisión, mientras que la mujer que tuvo el aborto puede ser encarcelada por hasta dos años.
“La
penalización de los procedimientos médicos necesarios para salvar la vida de las
mujeres y proteger su salud es una violación evidente del derecho a la salud,
entre otros derechos humanos”, dijo Angela Heimburger, Investigadora de las
Américas para la División de los Derechos de las Mujeres, de Human Rights Watch.
“Los casos resultantes de mortalidad materna y búsqueda de servicios
clandestinos para obtener procedimientos médicamente necesarios son trágicos e
Desde
que la prohibición entró en vigor en noviembre de 2006, la política ha tenido un
efecto escalofriante en las mujeres y sus médicos. “Sobre sus cadáveres” cita un
caso que se presentó en marzo de 2007, en un importante hospital público en la
capital de Managua, en el cual una mujer fue admitida para una ecografía y,
según el médico informante, indudablemente necesitaba un aborto terapéutico.
Pero el médico informante temía ser enjuiciado si efectuaba el aborto porque el
feto mostraba señales de vida. “La mujer estuvo aquí dos días sin recibir
tratamiento hasta que expulsó el feto por sí sola. Y para ese entonces ya
presentaba shock séptico y murió cinco días después”, dijo el
informante. La
Directora de Ipas Centroamérica, Marta María Blandón, dijo: “Las mujeres están
muriendo porque los médicos piensan que esta ley les deja las manos atadas. Por
temor a ser enjuiciados, los médicos se ven obligados a escoger entre su futuro
profesional y el bienestar de sus pacientes. Las mujeres son forzadas a
considerar incluso si deben buscar atención médica. Y, en última instancia,
algunas mujeres pagan con su vida por estas demoras en la atención.” El
informe de Human Rights Watch también señala que aunque el Ministerio de Salud
de Nicaragua (MINSA) ha emitido directrices obligatorias para atender urgencias
obstétricas, incluido el embarazo ectópico (en que el huevo se implanta fuera
del útero), éstas se están aplicando en pocos hospitales. Por tanto, las mujeres
que presentan complicaciones del embarazo no relacionadas con el aborto también
están sufriendo por cuenta de la prohibición. Blandón
continuó: “Hoy día, una mujer nicaragüense con un embarazo no deseado o
peligroso tiene pocas opciones: arriesgar su vida y una condena a prisión por un
aborto inseguro, o arriesgar su vida con un embarazo inseguro. Esta peligrosa
dinámica es una profunda denegación de los derechos humanos, los acuerdos
internacionales de derechos humanos y las decisiones jurídicas han recalcado una
y otra vez que los gobiernos tienen la obligación de garantizar servicios de
aborto terapéutico cuando el embarazo puede ser mortal o cuando es producto de
violación o incesto”. Ipas
apoya las recomendaciones de Human Rights Watch para las instituciones
gubernamentales y sanitarias de Nicaragua. Las recomendaciones
instan:
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Kirsten Sherk
Gerente, Unidad de Comunicaciones
e-mail: sherkk@ipas.org
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