Por lo menos una docena de muertes evitables se atribuyen a la prohibición del aborto en Nicaragua.

Sara Gomez

El 17 de noviembre de 2006, Nicaragua pasó a ser el tercer país en el mundo en aprobar una legislación que prohíbe el aborto bajo toda circunstancia. En los dos años desde que esa ley fue aprobada, se han organizado instituciones y organizaciones internacionales con el fin de oponerse a la ley, llamándola una violación de los derechos humanos de las mujeres y un factor que contribuye a las muertes y lesiones de las mujeres nicaragüenses.

Según el Ministerio de Salud de Nicaragua, cada año aproximadamente 6700 mujeres son hospitalizadas en Nicaragua con complicaciones de abortos e spontáneos o inducidos. Poco después de promulgarse la ley, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un enunciado, en el cual declara que la prohibición está en contra del Derecho internacional y que pone en peligro los derechos humanos de las mujeres. Este mes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablará sobre la prohibición en su 41a sesión (para bajar el “informe sombra” preparado por una coalición de organizaciones nicaragüenses a favor de la salud y los derechos humanos, entre las cuales figura Ipas Centroamérica, haga clic aquí.)

A pesar de que el gobierno no ha evaluado el impacto de la ley en la vida de las mujeres, un análisis realizado por Ipas Centroamérica encontró que por lo menos 12 mujeres nicaragüenses murieron a consecuencia de graves problemas médicos agravados por el embarazo. El acceso a servicios de aborto seguro —que hubieran sido legales para estas mujeres antes de la prohibición de 2006— probablemente les hubiera salvado la vida. Es más, un estudio realizado por Human Rights Watch mostró que los médicos posiblemente niegan un tratamiento que de lo contrario sería legal si creen que podrían ser acusados.

El gobierno de Nicaragua se niega rotundamente a escuchar objeciones contra la impopular ley. Es más, incluso ha acosado organizaciones que se oponen a la ley. No obstante, estas organizaciones continúan poniendo de relieve las violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

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