En "Los rostros" se relatan las historias de mujeres que perdieron la vida a causa de la prohibición del aborto en Nicaragua
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| Foto por Sara Gómez |
Carmen era una mujer de 16 años de edad que vivía con su familia en una casa pequeña hecha de sobras de madera y hojalata. Diagnosticada con leucemia, Carmen quedó embarazada dos veces en un año, después que le negaron métodos anticonceptivos con el pretexto de que su cuerpo no podía aceptar ningún "veneno" adicional.
El primer embarazo fue un aborto espontáneo; la segunda vez, ella fue ingresada en el hospital cuando sufrió una recaída de leucemia a las 22 semanas de su embarazo. Permaneció en el hospital 10 días, tiempo durante el cual recibió muy poca atención a su embarazo. “Le dijeron que simplemente iba a morir”, dijo la hermana de Carmen. “No le prestaron mucha atención.”
Esperanza, una estudiante de universidad de 24 años de edad, proveniente de una familia de clase media de Nicaragua, tenía seis semanas de embarazo cuando empezó a sentirse muy mal. En vez de recibir tratamiento inmediatamente, fue enviada de un hospital a otro para que le efectuaran una ecografía, dado que la ley exige que los prestadores de servicios de salud verifiquen la viabilidad fetal antes de brindar tratamiento y muchos de los centros de salud a los que fue enviada carecían de los medios para hacerlo.
Esperanza y Carmen (no son sus verdaderos nombres) eran sólo dos de entre más de 80 mujeres nicaragüenses que murieron por causas relacionadas con el embarazo desde que entró en vigor la prohibición del aborto. Esperanza murió de un embarazo ectópico (es decir, un embarazo que se desarrolla fuera del útero): la primera mujer que muere por esta causa en siete años en Nicaragua. Carmen murió como resultado de su recaída, la cual fue agravada por su embarazo.
Probablemente se habría salvado la vida de ambas mujeres, así como la vida y salud de muchas otras mujeres, si ellas hubieran tenido acceso a servicios de salud reproductiva, incluido el aborto terapéutico: es decir, aborto realizado para conservar la vida o salud de una mujer embarazada. El aborto terapéutico era legal en Nicaragua hasta octubre de 2006, año en que la Asamblea Nacional votó por eliminar la única excepción a la ley de su país que prohíbe el aborto.
Las historias de Esperanza y Carmen, así como las hi storias de sus familias y los prestadores de servicios de salud que trabajan de acuerdo con la nueva ley de Nicaragua, se relatan en “Los rostros detrás de las cifras”, un librito de Ipas redactado originalmente en español y que ahora está disponible en inglés por primera vez. En este librito se detallan las formas en que la ley viola los derechos humanos básicos de las mujeres a la vida y la salud, derechos consagrados en la Constitución de Nicaragua .
Se ha comprobado que las leyes de aborto en Nicaragua perjudican a las mujeres que presentan complicaciones relacionadas con el embarazo y urgencias no relacionadas con el aborto. Los médicos que temen ser castigados quizás duden en proporcionar servicios obstétricos, que en realidad podrían ser legales. En algunos casos, esta vacilación puede propiciar demoras que causan daños permanentes al sistema reproductivo de las mujeres; en otros casos, es posible que mujeres como Esperanza sean trasladadas a otros hospitales sin recibir tratamiento.
El Dr. Jorge Orochena, Director de Control de Calidad del Ministerio de Salud de Nicaragua, explica: “Ha habido situaciones en las que debieron haber recibido tratamiento, pero no sucedió por temor…En un hospital había una paciente con embarazo ectópico, estaba roto, no se podía hacer nada [por salvar al feto] pero [la paciente] no recibió tratamiento (…) los médicos no quieren arriesgarse.”
Hasta ahora, los intentos por cuestionar o revocar la prohibición no han tenido éxito. En enero de 2007, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y otras organizaciones presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de apelación, pero nunca se obtuvo una respuesta de la Corte. En septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua, al revisar un nuevo código penal, votó una vez más contra la despenalización del aborto terapéutico, y así se consolidó la prohibición total del aborto en el país.
Pese a este revés, Ipas continúa trabajando para ampliar la disponibilidad de los servicios de salud para las mujeres que los necesitan, así como para asegurar que se oigan las historias de Esperanza,
Carmen e innumerables otras. Nicaragua ratificó los tratados internacionales que garantizan que todos sus ciudadanos, independientemente de género o situación económica, gocen de los derechos a la dignidad y a la atención médica. El cuestionar la prohibición del aborto ante organizaciones internacionales, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, alegando que la prohibición viola estos tratados internacionales, puede resultar fundamental para presionar al gobierno nicaragüense a cambiar la legislación.
Para mayor información, diríjase a:
Kirsten Sherk
Gerente, Unidad de Comunicaciones
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