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Dos publicaciones este verano se sumaron a la evidencia cada vez mayor de que la prohibición absoluta del aborto en Nicaragua pone en peligro la vida de las mujeres y viola sus derechos humanos.
La primera, publicada en mayo, es un análisis de Ipas Centroamérica, que examina el significado de las normas de los derechos humanos internacionales y cómo se aplican a la mortalidad materna, específicamente a las mujeres en Nicaragua. El informe de Ipas señala que Nicaragua ha firmado varios tratados internacionales, que reconocen el derecho a la salud y comprometen a los países a respetar, proteger y garantizar este derecho a todos sus ciudadanos, sin discriminación. Al negar acceso a los servicios de salud esenciales para determinados segmentos de la población (particularmente las mujeres jóvenes y pobres), el gobierno viola sus derechos humanos.
La publicación de Ipas siguió a un informe de Amnistía Internacional publicado en julio, que encontró que la prohibición del aborto ponía en peligro la vida de las mujeres, negaba tratamiento esencial para salvar vidas, impedía que los médicos ejercieran medicina apropiada y contribuía al aumento de la mortalidad materna. El informe, "La prohibición total del aborto en Nicaragua: la vida y salud de las mujeres en peligro, profesionales médicos penalizados”, fue el resultado de una investigación realizada hace unos meses, el primer estudio de Amnistía del impacto que tienen las leyes restrictivas de aborto en los derechos humanos.
“La prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza. Es un escándalo con relación a los derechos humanos, que ridiculiza la ciencia médica y distorciona la ley hasta convertirla en un arma contra la prestación de atención médica esencial para las mujeres y adolescentes embarazadas”, dijo Kate Gilmore, secretaria general adjunta ejecutiva de Amnistía Internacional, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, cuando regresó de una visita a Nicaragua.
Human Rights Watch llegó a similares conclusiones en su informe, “Over Their Dead Bodies” (Por encima de sus cadáveres), que fue publicado en 2007. El informe señala que las mujeres temían buscar y los médicos temían brindar tratamiento vital para salvar vidas, por temor a ser enjuiciados. Este temor se extendía incluso al tratamiento de emergencias obstétricas como embarazos ectópicos o abortos espontáneos.
“Los médicos en Nicaragua ahora tienen miedo de proporcionar incluso los servicios de salud legales a las mujeres embarazadas”, dijo Angela Heimburger, investigadora de las Américas en la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. “Algunos testificaron que el personal en los hospitales públicos les negó a las mujeres y niñas atención adecuada después que tuvieron abortos espontáneos devastadores, con referencia directa a la prohibición.”
Los tres informes hacen un llamado al gobierno nicaragüense a despenalizar el aborto terapéutico (necesario para proteger la vida o la salud de la mujer). Además, Ipas y Human Rights Watch hacen un llamado a mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud de emergencia, y Amnistía insta al gobierno a proteger la libertad de expresión de aquéllos que protestan contra la ley.
Para mayor información, diríjase a: media@ipas.org