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El 15 de julio de 2010, el gobierno de Obama impuso una prohibición de la cobertura del aborto en el nuevo Programa de Planes de Seguro para Personas con Afecciones Preexistentes (PCIP, por sus siglas en inglés), el cual proporciona seguro a personas de “alto riesgo” quienes, debido a una afección médica, han sido rechazadas por aseguradoras privadas. La prohibición, la cual niega cobertura para el aborto excepto en casos de violación, incesto o en situaciones en que la vida de la mujer corre peligro, sólo amplifica la influencia anti-elección en el debate de salud y la marginación del aborto en general.

Según Jessica Arons en su artículo para RH Reality Check, “Las mujeres que se inscriben en estos planes son, por definición, aquéllas que han sufrido graves afecciones médicas, tan graves que las aseguradoras no están dispuestas a venderles seguro. En otras palabras, las mujeres que quedan embarazadas ya corren mayor riesgo de necesitar un aborto por razones de salud comparadas con la población en general.”

La prohibición es un ejemplo más de las maneras en que el cuerpo de las mujeres queda atrapado continuamente en debates ideológicos que hacen caso omiso de las complejidades de la vida de cada mujer. Como se señala en el tercer número de la revista de Ipas Because, las mujeres y el aborto son limitados cada vez más por las políticas restrictivas de EE.UU. tanto a nivel nacional como internacional.

Elizabeth Nash del Guttmacher Institute examina las dañinas consecuencias de la legislación anti-elección en el artículo “When votes are more valuable than women’s lives: A global policy snapshot:" 

“Estas leyes establecen un ambiente hostil al aborto, separan los servicios de aborto del resto de los servicios de salud y anteponen una agenda social específica a la salud pública. Pero más importante aún, debido a que estas leyes obligan a la mujer a superar dichos obstáculos, es posible que tenga que postergar su aborto o que no tenga acceso al procedimiento.”

La legislación no es la única estrategia que utilizan los grupos extremos contra el derecho a decidir. En el artículo “Reproductive justice and black women” ("Justicia reproductiva y mujeres negras") la autora Cynthia Greenlee-Donnell describe como la retórica anti-elección en las carteleras se dirige a las mujeres negras en Estados Unidos en lo que Loretta Ross, coordinadora nacional del colectivo SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective, con sede en Atlanta, llama un “ataque contra la dignidad y los derechos de las mujeres negras.”

Jamila Taylor, consultora senior de Ipas para asuntos públicos, hace un llamado para poner fin a la práctica de usar el cuerpo de las mujeres en negociaciones políticas:

“Llegó el momento de que las personas responsables de fomular las políticas de EE.UU. dejen de jugar a la política con la vida de las mujeres y se den cuenta de que el aborto es un elemento vital de los servicios de atención integral a la salud reproductiva. El estigma sobre el aborto que lo aisla y le impone onerosas restricciones no hace más que violar los derechos humanos de las mujeres. No puedo ver ninguna buena razón para imponer restricciones al aborto en las nuevas innovaciones de reforma de salud aparte de por motivos de política. A menudo, las mujeres más afectadas por dichas restricciones son jóvenes, pobres y parte de grupos de minorías raciales y étnicas privadas del derecho al voto.”

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