Atención del aborto para los refugiados en Darfur: desaparecidos en acción

Los servicios de atención segura del aborto deben estar disponibles para los refugiados que son sobrevivientes de la agresión sexual.

Foto cortesía de Pep Bonet, Panos Pictures.

A medida que el gobierno sudanés y los grupos rebeldes en la región de Darfur forjan un acuerdo de paz poco estable, las mujeres continúan sintiendo los efectos del conflicto: agresión sexual, embarazos que son producto de violación y la doble humillación de no poder acceder a los servicios de atención segura del aborto u otros servicios de salud reproductiva.

Desde el año 2003, las milicias árabes respaldadas por el gobierno, conocidas como las Janjaweed, han hecho una campaña contra el pueblo de Darfur, que consiste en arrasar todo lo que puede serle útil al enemigo. Más de 2 millones de personas han sido desarraigadas (muchas de ellas han huido al país vecino de Chad), y 250,000 muertes se atribuyen directamente a la violencia. Como títeres de la guerra, las mujeres de Darfur han sido violadas sistemáticamente, por jinetes de Janjaweed que saquean sus poblados, o mientras ellas buscaban refugio. Aun cuando alcanzan la “seguridad” de los campamentos de refugiados, ellas son agredidas por los guardias, al igual que cuando buscan agua y leña.

A pesar de que la violación ha sido utilizada ampliamente como un instrumento de guerra en Sudán, Tamara Fetters, Asociada Senior en Investigación de Ipas, afirma en un editorial de la Revista Migraciones Forzadas, que las instituciones humanitarias no están haciendo lo suficiente para atender las necesidades de las mujeres que sobreviven estos ataques. En su mayor parte, las instituciones desconocen o hacen caso omiso de las leyes del país anfitrión respecto al aborto, así como de las directrices mundiales para el cuidado de las víctimas de violencia sexual.

En el último número de la Revista Migraciones Forzadas, Fetters cita la investigación de 2005 realizada por Human Rights Watch, en la cual se señala que sólo una de seis instituciones que proporcionan servicios de salud a los campamentos de Darfur en Chad, ofrece anticoncepción de emergencia (un factor fundamental para ayudar a las sobrevivientes de agresión sexual a evitar el embarazo producto de la violación) o tratamiento integral de las infecciones de transmisión sexual.

Pese al gran número de mujeres que han sido violadas y a la alta tasa de mortalidad atribuible al aborto realizado en condiciones de riesgo, el tema de servicios de aborto seguro no tiene la más mínima posibilidad en estos ámbitos, aunque el aborto es permitido por ley en Chad y en Sudán.

Fetters escribe: “El aborto es legal en Chad si se trata de salvar la vida de la mujer y proteger su salud. La ley sudanesa permite el aborto para salvar la vida de la madre, o cuando el embarazo es producto de una violación perpetrada no más de 90 días antes de que la mujer embarazada exprese su voluntad de tener un aborto, o cuando el niño muere en el vientre materno. Las disposiciones jurídicas en ambos países son inequívocas: el derecho de una mujer sudanesa a la vida y a la salud es violado si se le obliga a llevar a término un embarazo no deseado que es producto de una violación”.

¿Por qué muchos de quienes prestan servicios de salud a los refugiados hacen caso omiso de la atención segura del aborto en los lugares donde más se necesita? Las políticas del gobierno de EE.UU. que limitan el debate sobre el aborto o la prestación de servicios de aborto, posiblemente sean un factor en la decisión aparente de las instituciones humanitarias de pasar por alto este segmento de la salud reproductiva.

Lea en Internet el texto completo del artículo de la Revista Migraciones Forzadas.

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