Amnistía Internacional revela su posición respecto al aborto
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| La decisión de Amnistía sigue los fallos de organismos internacionales de derechos humanos, que reconocen las obligaciones de los estados de garantizar atención segura del aborto. |
| Foto cortesía de Richard Lord. |
Reuters informó ayer que la organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha adoptado una política más amplia respecto a la salud sexual y reproductiva, que hace un llamado a los estados para garantizar que las mujeres tengan acceso a la atención segura del aborto bajo ciertas circunstancias. La institución tomó esta medida tras dos años de consultas con expertos en salud y derechos humanos, y los 2.2 millones de socios de Amnistía Internacional en 74 países. El proceso se derivó de su Campaña para Detener la Violencia contra las Mujeres, la cual ha estado documentando las violaciones de derechos humanos contra las mujeres que puedan conducir a embarazos no deseados y abortos inseguros.
Ipas acoge la nueva posición de Amnistía. “Éste es un paso importante de una organización que defiende abiertamente los derechos humanos”, dijo Charlotte Hord Smith, Directora de la Unidad de Políticas de Ipas. “Cada año, 19 millones de mujeres que carecen de una opción mejor acuden a los servicios de aborto en condiciones de riesgo, lo cual causa casi 70,000 muertes evitables y la hospitalización de aproximadamente l5 millones de mujeres. La política pública reconoce que las mujeres son penalizadas injustamente por ejercer sus derechos humanos fundamentales”.
En su nueva política, Amnistía hace un llamado a las naciones para:
- Revocar las leyes que permiten que las mujeres sean acusadas, encarceladas y de otro modo sujetas a penalidades criminales por buscar o tener un aborto.
- Garantizar que toda mujer que sufra complicaciones de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que necesita, sin importar que haya tenido un aborto legal o ilegal.
- Garantizar acceso a los servicios de aborto a toda mujer que quede embarazada como consecuencia de violación, agresión sexual o incesto, o cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer o presente un grave riesgo para su salud.
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en 1994, en El Cairo, y la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, en Beijing, ambos hicieron un llamado a las naciones para lograr que el aborto sea seguro y accesible en los lugares donde el procedimiento es legal. Sólo en unos pocos países se prohíbe el aborto completamente sin excepción alguna; en la mayoría de los países, el aborto es permitido bajo por lo menos algunas circunstancias, como para proteger la vida o la salud de la mujer. Sin embargo, aun cuando reúnen las condiciones necesarias para tener un aborto legal, algunas mujeres no encuentran atención segura del aborto.
La decisión de Amnistía sigue los fallos de organismos internacionales de derechos humanos que reconocen las obligaciones de los estados de garantizar la atención segura del aborto. En el año 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cuerpo principal que monitorea los derechos humanos en las Américas, declaró que México había violado los derechos humanos de Paulina Ramírez, una niña mexicana de 13 años de edad, quien fue negada un aborto legal por el sistema de salud pública después de ser violada —a pesar de que el aborto es legal en ese país si el embarazo es producto de violación. En el caso de KL contra Perú ese mismo año, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas falló que los derechos de una niña peruana de 17 años de edad habían sido violados cuando los funcionarios de salud le negaron un aborto terapéutico, a pesar de que su feto presentaba una anormalidad mortal. Finalmente, en abril, la Corte Europea de Derechos Humanos indemnizó por daños y perjuicios a una mujer polaca de 36 años de edad cuya vista corría peligro debido a un embarazo no planeado, e hizo un llamado a Polonia para que estableciera normas concretas para garantizar el acceso al aborto legal cuando el embarazo pone en peligro la salud de la mujer.
Amnistía Internacional se une a Human Rights Watch (HRW), que en 2005 adoptó una política que declara que “el acceso equitativo a los servicios de aborto seguro es ante todo un derecho humano”, y reconoce el impacto de las leyes restrictivas de aborto en la salud de las mujeres. Según el sitio Web de HRW, “En los lugares donde el aborto es seguro y legal, ninguna mujer es forzada a tener uno. Donde el aborto es ilegal e inseguro, las mujeres se ven obligadas a llevar a término embarazos no deseados o sufrir graves consecuencias para su salud, e incluso la muerte”.
“En países con leyes restrictivas de aborto, las mujeres –particularmente las
mujeres pobres, rurales y jóvenes– arriesgan su vida para interrumpir un
embarazo no deseado”, dijo la Sra. Hord Smith. “Al adoptar esta política,
Amnistía estará en mejor posición para sacar a la luz estas atroces violaciones
de los derechos humanos”.
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